En estos últimos años, la Iglesia católica ha decidido conducir una clara batalla contra los abusos sexuales de menores comenzando desde dentro.

Con el Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 2001, san Juan Pablo II promulgó algunas normas sobre los «delitos más graves cometidos tanto contra las costumbres como en la celebración de los sacramentos», reservados a la Congregación para la Doctrina de la fe. Sucesivamente el papa Benedicto XVI ha dado un impulso decisivo a esta lucha, gracias también a su experiencia de más de 20 años como prefecto del citado dicasterio. De hecho muchas fueron sus intervenciones en el tema durante su pontificado. Entre otras cosas, aprobó en 2010 una actualización de las normas sobre los delicta graviora propuesto por los mismos miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El papa Francisco ha continuado la batalla y el 22 de marzo de 2014 ha instituido la Pontificia Comisión para la tutela de menores ha señalado que:

«dolorosos hechos han impuesto un examen de conciencia por parte de la Iglesia y, junto a la petición de perdón a las víctimas y a la sociedad por el mal causado, han llevado a poner en marcha con firmeza iniciativas de varia índole en el intento de reparar el daño, hacer justicia y prevenir, con todos los medios posibles, el repetirse de episodios semejantes en el futuro».

En este marco se coloca también la respuesta cristiana de la Legión de Cristo a este problema. El 15 de enero del 2011 el delegado pontificio, Velasio De Paolis, creó una comisión de acercamiento con la tarea de «escuchar a las personas que presentan reclamos contra la Congregación en relación con la conducta del padre Marcial Maciel».

Este organismo estuvo compuesto por los padres legionarios Florencio Sánchez Soler y Eduardo Robles-Gil, por el P. Silverio López Núñez de la arquidiócesis de Madrid y director del servicio jurídico civil de la Conferencia episcopal española y por el doctor Jorge Adame Goddard, investigador titular del Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de derecho de la Universidad Panamericana de Ciudad de México. Esta comisión estaba presidida por Mons. Mario Marchesi, vicario general de la diócesis italiana de Cremona. Con el objetivo de buscar la reconciliación en un contexto de justicia y caridad, la comisión se encontró con doce personas que pedían ser escuchadas, asistidas o compensadas por los daños recibidos. Todos los casos han sido debidamente atendidos a través de diálogos personales y sucesivamente analizados por la comisión en una reunión plenaria que se tuvo el 12 de mayo del 2011. Los nombres de las personas asistidas no se han dado a conocer, pero a cada una de ellas se ha ofrecido apoyo moral, espiritual, psicológico y, en ciertas circunstancias, también material. Para las compensaciones económicas se han utilizado como referencia los parámetros establecidos por las conferencias episcopales europeas y la jurisprudencia de los tribunales civiles españoles. La Comisión de acercamiento también era consciente de que otras personas han presentado declaraciones públicas sobre los abusos cometidos por el fundador, pero sin presentar ninguna solicitud de asistencia o exigencias particulares. Dado que la disponibilidad de escuchar a estas personas se ha hecho patente en diversos modos, se ha considerado oportuno respetar su decisión de no presentar ninguna denuncia.

Al término de los trabajos, la Comisión ha reenviado una relación al delegado pontificio y al Capítulo General extraordinario. Una «visión panorámica» de la respuesta de la Legión de Cristo fue también ampliamente presentada en una carta del 6 de diciembre del 2013 firmada por el pro-director general, el P. Sylvester Heereman, LC, y enviada a todos los religiosos legionarios. La comunicación define el abuso como un mal terrible que tiene consecuencias trágicas para la víctima y para sus familias, un pecado que ofusca en modo particular la luz del Evangelio. En ella se explica cómo fue necesario enfrentar «la triste y dura realidad del abuso sexual de menores cometido por miembros de nuestra Congregación» y como el gobierno general ha «impulsado que en todos los lugares en donde estamos presentes se pongan medios para proteger la integridad de los menores confiados a nuestro cuidado pastoral y para responder con prontitud y profesionalidad a cualquier denuncia», colaborando siempre con las autoridades civiles y eclesiásticas competentes.

La carta indica esta responsabilidad como una de las prioridades de la Congregación, pone el acento sobre la «necesidad de un adecuado discernimiento de los religiosos en formación» y concluye afirmando que:

«Todos, como pastores de almas y guardianes de nuestros hermanos estamos comprometidos en vencer el mal con el bien. Al reconocer las heridas que hay en nuestra historia, Dios nos hace capaces de sanarlas y de comprometernos para sacar de ellas lecciones que nos ayuden en el futuro».

Durante el Capítulo de 2014, los padres capitulares han reflexionado bastante sobre los abusos desde la perspectiva de las personas involucradas. Con este fin han escuchado un mensaje que les envió el P. Félix Alarcón, sacerdote legionario ya en los años 60 y víctima de abusos por parte del fundador. Él exhortaba a los Padres capitulares a «convertirse a la verdad» ya que «solo la verdad puede hacerlos libres». En el Comunicado Capitular número 272 se lee:

«Nos apena que muchas víctimas y personas afectadas hayan esperado en vano una petición de perdón y de reconciliación por parte del P. Maciel y hoy queremos hacerla nosotros, expresando nuestra solidaridad con todas ellas».

Además, sobre el tema de los abusos, los números 209, 210 y 211 han sido muy claros en prescribir la institucionalización de organizaciones para ambientes seguros que tutelen a los menores de edad.